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Con la intervención de las defensas de los imputados en el sumario 33/01 y el ejercicio de su última palabra, y bajo interrupciones y censuras introducidas por la magistrada Teresa Palacios, concluye la vista del sumario.

En esta fase, los abogados denunciaron «la pobreza» de las acusaciones contra sus defendidos y que la «falta abrumadora» de pruebas de cargo «raya el esperpento». En su opinión, no han sido acreditadas las acusaciones y reclamaron la absolución para todos los procesados.

La letrada Arantza Zulueta fue la encargada de abrir la sesión aludiendo al desarrollo de todo el sumario en «atropello de las garantías jurídicas» y denunciando que se haya recurrido a las mismas pruebas utilizadas en los procesos contra otras organizaciones, lo cual justificaría la actitud de los defendidos de negarse a ejercer la defensa jurídica. Precisamente, manifestó que se les «condena por lo que son», ya que los imputados han «buscando soluciones democráticas para nuestro pueblo y denunciando la vulneración de derechos humanos» entre ellas el «carácter antidemocrático de la Audiencia Nacional, regido por normas excepcionales». Este fue el hecho, según la letrada, que obligó a la Fiscalía a defender el «carácter democrático» del sumario.

Ainhoa Baglietto destacó en su informe que detrás del sumario 33/01 existe un «impulso político». La abogada desmontó las explicaciones ofrecidas por el «perito» 19.242 sobre la creación del movimiento pro-amnistía en los últimos años del franquismo y denunció que al igual que «hace 30 años se perseguían delitos de opinión, ahora también sucede lo mismo con los que denuncian la tortura, la dispersión de los presos o la guerra sucia».

Por su parte, el también abogado defensor Iñaki Goioaga resaltó que el intento del representante de la Fiscalía de «desacreditar» la actitud de los imputados al seguir el «manualillo» de ETA muestra «la pobreza de las pruebas contra ellos». El fiscal indicó en su informe de calificaciones que mediante este proceso pretendían «levantar el velo al movimiento pro-amnistía para demostrar que ETA está detrás». Sin embargo, manifestó que se trata de justamente «lo contrario, de poner un velo para desprestigiar la denuncia permanente que hace el movimiento pro-amnistía sobre la vulneración de derechos».

La abogada Haizea Ziluaga, quiso traer a la sala referencias de declaraciones y tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos, para enmarcar ahí la actividad del Movimiento Pro Amnistía, bajo continuas interrupciones de la presidenta de la sala. Señaló que lo que se pretende con este procedimiento es «poner una cortina para ocultar la verdad de las actividades realizadas a favor de los derechos humanos y las libertades democráticas».
Por último, Amaia Izko concluyó con los informes de la defensa criticando que las acusaciones contra los procesados no están personalizadas y que se basan en «afirmaciones sorprendentes».

Cuatro imputados tomaron la palabra en su último turno para subrayar que «el movimiento pro-amnistía no acaba con una sentencia, terminará cuando se acabe con la represión».

17/06/08
Sesión 28
La acusación particular que ejerce la AVT repite las acusaciones del fiscal

La Asociación de Víctimas del Terrorismo tomó la palabra para leer su informe de acusación adhiriéndose a los argumentos y la petición de penas formulada ya la víspera por la fiscalía. Así, iniciando su intervención sobre la base de que la actuación de la AVT en este juicio “no busca la venganza sino la actuación en justicia”, abundaron en el concepto de organización terrorista desarmada, por obedecer los procesados a las “órdenes de ETA”. Refiriéndose a las actividades de este organismo enunciaron las acusaciones de “realizar señalamientos contra quienes consideran responsables de la situación de los presos terroristas”, para que después ETA actúe contra ellos. También hicieron mención a los homenajes que Gestoras y Askatasuna realiza a presos excarcelados y su presunto enaltecimiento, como en el caso de Esteban Esteban Nieto, “condenado a miles de años”. Lo cierto es que el preso vasco salió de la cárcel diagnosticado de un cáncer en estado avanzado, para morir inmediatamente después de su excarcelación.

La AVT repitió también las acusaciones a cada uno de los procesados en base a las responsabilidades que estos cumplían en los organismos, reconocidos públicamente por ellos. Añadieron que estas personas cumplirían sus funciones “por ser de la confianza de ETA”.

16/06/08
Sesión 27
Informe de conclusiones del fiscal

Iniciado el turno de lectura del informe de conclusiones por parte de la acusación, el fiscal Carlos Bautista elevó la petición de pena contra tres procesados -Olano, Zelarain y Jugo- a 13 años y retiró las acusaciones contra otros tres procesados –Mendez, Arredondo y Sarasketa- manteniendo en 10 años las peticiones para el resto.

Bautista llegó a estas conclusiones tras defender que la vista del sumario 33/01 «se ha desarrollado de forma absolutamente jurídica» contraponiéndose a la denuncia que hacían los imputados de que la sentencia estaba ya escrita y la vista, simplemente, pretendía poner ropaje jurídico a esta decisión política, por lo que renunciaron además a ejercer la defensa jurídica. El fiscal justificó en la “valoración de la prueba de manera sopesada” el que se retiraran los cargos contra tres personas. Sin embargo, es difícilmente justificable así esta decisión ya que, precisamente, la renuncia de la defensa hizo que las únicas pruebas presentadas durante el juicio, sin ninguna contradicción ante el silencio de las defensas, ha sido la planteada por él mismo. ¿La práctica de su propia prueba le llevó a la conclusión de que tres personas no eran culpables?

Los razonamientos principales que desgranó en su intervención es que los ahora 24 procesados desarrollaban su actividad por “orden o siguiendo las directrices de ETA” lo cual le llevó a afirmar que siguen “un manualillo del buen miembro de la organización terrorista”. Bautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que, aunque desarrolle algunas «actividades bondadosas» es en realidad «una organización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.

El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al presentar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía y que desarrollaban las actividades propias de este organismo.

Terminó su intervención espetando a los imputados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho».

04/06/08
Sesión 26
Finalizadas las escuchas telefónicas, se parchea la documental

La práctica de la prueba documental, por la que se daba lectura a documentos incautados en los registros a las sedes de Gestoras –Askatasuna e incluso en los despachos de los abogados o reseñas de prensa, propuestos por la acusación había quedado inconclusa en sesiones anteriores por aparecer únicamente en euskera y precisar de traducción. Otros documentos habían sido aportados en su versión original –euskera- y traducidos –supuestamente por la policía-, procediendo los traductores que participan en el juicio a corroborar que la traducción aportada se corresponde con el original.

La práctica de la lectura de estos documentos se había pospuesto, hecho procesalmente inaudito ya que se había dado paso a otra fase procesal de escuchas telefónicas. Una vez traducidos por los traductores del tribunal, se retoma su lectura, pero aparece otro elemento insólito: el fiscal, trabaja absorto en su ordenador portátil para preparar su informe de conclusiones, ajeno a la lectura de los documentos que él mismo ha aportado… y que están repetidos!! El tribunal a duras penas se da cuenta de este hecho, muestra de la poca atención que prestan, o de que les es ininteligible –por desconocer la actividad de un movimiento social y la realidad asociativa en Euskal Herria- su contenido. Son las defensas y los procesados los que reconocen los documentos, nuevamente traducidos, pero leídos con anterioridad. El fiscal se justifica: al estar en euskera no podía conocer el contenido de los documentos. La pregunta entonces es evidente: ¿Por qué presenta el fiscal como prueba de cargo documentos cuyo contenido desconoce? ¿Alguien le ha instruido para que así lo haga, hecho que sigue a pies juntillas? ¿Será porque, quien le ha propuesto todo el material probatorio, y ha conducido realmente el proceso –la policía- sí conoce los documentos y los sabe interpretar, mientras él es ajeno a todo ello? La negligencia del fiscal lleva a esa conclusión de forma patente.

Ya quedó claro en la declaración del perito policial que éste era quien realmente controlaba el caso y quien dirigía la acusación, dándose incluso el hecho de que el interrogatorio del fiscal dificultaba la exposición del perito, enmarañándola, haciéndola incomprensible. Este hecho, añade luz a esa hipótesis.

03/06/08
Sesiones 24 y 25
Continúa la práctica de las interceptaciones telefónicas

Distribución de carteles, distribución de rifas y sorteos, recogida de fondos, montaje y desmontaje de escenarios para conciertos benéficos, llamadas a las compañías de telefónica para dar de alta nuevas líneas, llamadas en las que se comenta cómo han salido manifestaciones, actos de protesta, iniciativas públicas… actividades que aparecen en las llamadas y que mostrarían, una vez más, la actividad pública del Movimiento Pro Amnistía.

La organización de los actos de duelo por muerte en Alicante de Olaia Castresana, tras explosionar una bomba que manipulaba y el acompañamiento a la familia para repatriar su cuerpo también fueron motivo de escucha.

02/06/08
Sesión 22 y 23
Las escuchas confirman la actividad declarada por el MPA

El primer día de vista pública, los acusados se reconocieron miembros del Movimiento pro Amnistía y declararon en qué consistía su actividad en el ámbito antirepresivo y con las personas represaliadas. Las escuchas telefónicas que habían sido aprehendidas a los acusados en sus teléfonos móviles o en los de las oficinas públicas de Gestoras Pro Amnistía y después Askatasuna, revelan sus actividades en diversas campañas de solidaridad, en reparto de carteles, en contraste de comunicados, en preparación de ruedas de prensa.

Las que podrían ser consideradas, desde el punto de vista de la acusación, más delicadas, se referían a la organización de homenajes hechos a miembros de ETA muertos por las FSE o al estallar los artefactos que manipulaban. En su tiempo estos hechos no revistieron acción judicial contra estas personas, por lo que ahora, presentarlos de forma anecdótica, aislada, para criminalizar la actividad completa de este movimiento y de sus portavoces y activistas, en una nebulosa de delictividad, no parece de recibo.

28/05/08
Sesión 21
Se pospone la documental y comienzan las escuchas telefónicas

La fase procesal de la práctica de lectura de documentos no pudo terminar, al encontrarse en euskara un importante número de los escritos propios del Movimiento pro Amnistía o de reseñas aparecidas en prensa, lo cual hizo a la presidenta decidir pasar -decisión dudosamente ortodoxa, procesalmente hablando- a la siguiente fase de la práctica de las escuchas telefónicas, en espera de que sean traducidas.

Es de mencionar la actitud del fiscal ante las documentales propuestas por él mismo, quien no prestó ninguna atención a su práctica, sobre todo ante el hecho de que varios de estos documentos, como advirtió la defensa, aparecieron repetidos. “Es porque en ellos se menciona a más de una persona” justificó, sin preocuparse de especificar cuales y obligando al secretario y al tribunal a identificarlos, para evitar el hastío que producía su lectura repetida, mientras él continuaba trabajando en su ordenador portátil.

La práctica de la audición de las escuchas telefónicas se inició con aquellas registradas a Iñaki Reta, en las que hablaba con otros compañeros y compañeras sobre la organización de ruedas de prensa, de organización del acto político “Askatasunaren Taupadak” o del acto de recibimiento del cuerpo del militante de ETA muerto Ekain Ruiz.

27/05/08
Sesiones 19 y 20
Una prueba documental incomprensible

La continuación de la práctica de la prueba documental presentada por el fiscal y que, se supone, será utilizada para sustentar la acusación, está sirviendo para desvelar el trabajo público y notorio que desarrollaba el Movimiento Pro Amnistía. Así, los documentos aportados son artículos aparecidos en el periódico GARA que se refieren a situaciones de vulneraciones de derechos humanos derivados de la práctica de guerra sucia, de la aplicación de la tortura o de la política penitenciaria. Las reseñas de prensa recogen declaraciones públicas realizadas por responsables de este movimiento - Julen Zelarain, Maite Diaz de Heredia, Josu Beaumont, Iker Zubia, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Txema Olabarrieta…- en los que denunciaban el hecho o sus responsables políticos, mostraban la solidaridad con la víctima o hacían propuestas u organizaban campañas de activación social para que estos hechos no se repitan.

Es de destacar las dificultades de comprensión que suscitan estos artículos entre los miembros y personal del tribunal, demostrado por los apuros en que se encuentra el secretario para hacer una simple lectura coherente de ellos, al referirse a términos políticos, procesos de debate, eslóganes en euskera, campañas –Alde Hemendik, Txapela metalika, Elkarrekin Eraiki…- de fácil reconocimiento en el panorama político vasco, pero desconocidas, sin duda, en otros territorios y en concreto por el tribunal, que pretende juzgar lo que a duras penas comprende.

26/05/08
Sesión 17 y 18
Continúa la lectura de documentos

La prueba documental ha continuado con la lectura por parte del secretario, con continuos errores de interpretación y dificultades de traducción, de varios documentos incautados en los registros de las sedes de Gestoras y Askatasuna. En ellos se recogen campañas referentes a la reivindicación de repatriación de presos vascos y terminación de la política de dispersión, así como actas sobre la creación del proyecto denominado internamente “txapela metalika” y que consistía en la creación de una plataforma de personas de reconocido prestigio social, que reclamaran un escenario democrático básico. Este proyecto se frustró con la operación llevada a cabo en octubre de 2001 contra Askatasuna.

Asimismo, se ha dado lectura a varias reseñas de prensa en las que Juan Mari Olano, coordinador nacional de Gestoras Pro Amnistía hacía manifestaciones públicas sobre cuestiones relacionadas con la situación de los presos o, por ejemplo, en referencia a la muerte de cuatro militantes de ETA en el barrio bilbaíno de Bolueta.

21/05/08
Sesión 16
Se inicia la práctica de la prueba documental

En este momento procesal se hizo lectura a los documentos que sirven a la fiscalía para fundamentar su acusación, entre los que se encuentran papeles tan dispares como agendas con anotaciones de reuniones, manifestaciones, ruedas de prensa, o documentos sobre valoraciones de actividades y campañas propias de Gestoras, como es la “planificación de solidaridad para navidades” que en concreto, se mencionó. También se dio lectura a cartas públicas, enviadas a responsables políticos o institucionales pidiendo su reflexión o actuación en problemas tales como los derechos de los presos vascos dispersados en cárceles de todo el estado, la situación de quienes han cumplido las ¾ partes o la de aquellos que sufren enfermedades incurables y deberían acceder a la libertad.

Documentos contables fueron visionados en una pantalla, en los que, sin una explicación racional sobre lo que se estaba visionando, lo cual daba cierta impresión de ser un galimatías, incluían realmente ingresos por la colocación de txoznas -barracas en fiestas-, por “sorteos solidarios” o la distribución de tacos de rifas en diferentes pueblos y barrios.

20/05/08
Sesiones 14 y 15
La fundación de Askatasuna

La última parte de la declaración del perito de la Policía Nacional versó sobre el proceso “Elkarrekin eraikiz” traducido como “construyendo juntos” y que llevó a la unificación del organismo Gestoras Pro Amnistía, que trabajaba en el sur de Euskal Herria con su homologo en el norte Koordinaketa. Dicho proceso de fusión, culminó en diciembre de 2001, días después de la operación en octubre que se saldó con la detención de 14 responsables de Gestoras, con la presentación pública de Askatasuna en el palacio Kursaal de Donostia. Un proceso similar llevaron a cabo las organizaciones de familiares de presos de ambos lados del Pirineo, Senideak y Gureak, para conformar la organización actual, que engloba a familiares en Etxerat!. Según la interpretación del perito, estos procesos de creación de organismos de carácter “nacional” no sería un acto espontáneo sino en seguimiento de “una directriz de ETA que fija que hay que operar en clave nacional, como si la frontera hispano francesa no existiera”. Así, si bien el proceso de fusión no tuvo por objetivo “burlar la prohibición de actividades de Gestoras”, como apuntó el fiscal, ya que este proceso estaba en marcha bastante antes de la intervención policial, “siguiendo la instrucción de ETA aparecida en el boletín Zutabe de 1995”.

La sesión finalizó con la intervención de dos miembros de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia de la Guardia Civil hicieron lectura de reseñas de prensa con declaraciones de Juan Mari Olano en la que aseguraban se “vertían amenazas contra partidos políticos, funcionarios del estado y otras instituciones públicas”. La jueza les pidió que hicieran una exposición de los hechos y que le dejaran a ella “hacer la calificación jurídica sobre ellos”.

19/05/08
Sesiones 12 y 13
El perito de la UCI mezcla responsabilidades

El perito número 19.242 mencionó la responsabilidad de Gestoras en organizar actos de homenaje a miembros de ETA muertos, como es el caso de Olaia Kastresana. En la lectura del guión del discurso, incautado en una sede registrada, leyó “hacemos apología de la resolución política, hacemos apología de la paz”.

En otro documento se mencionaban responsabilidades concretas en las diferentes áreas de Gestoras, estableciendo la de coordinación nacional, la de presos, refugiados, solidaridad, libertades democráticas, internacionales, prensa… además de aquellas derivadas del ámbito territorial sea provincial, o local. Una mención a que solamente en Bizkaia habría 587 militantes del organismo antirrepresivo, llevó al fiscal a dudar sobre el carácter de la asociación: “¿eso hace ser una organización de masas?”, preguntó al perito queriendo negar este carácter para considerar que es una organización de cuadros, cuadros además desdoblados en Ekin. Este respondió que “para una población como la vasca y refiriéndose a una sola provincia, es un número respetable”.

Con respecto a las responsabilidades que desarrollan, manifestó que estas solo se pueden dar “bajo la confianza estricta de otras organizaciones afines”, vinculando a algunos de los acusados a otras militancias que habrían desarrollado anteriormente en otras organizaciones, como Jarrai, Kas o Ekin, sin que este hecho guarde siempre relación con la realidad.

14/05/08
Sesión 11
Continúa la “tesis pericial” de la acusación

Como en las sesiones anteriores, el número 19.242 de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional intentó explicar el papel de control que tenía KAS y posteriormente Ekin sobre “el conjunto del Movimiento Vasco de Liberación Nacional”. En dicho organigrama, “miembros de Ekin controlaban las actividades de Gestoras” tales como la campaña Alde Hemendik- que se vayan!!!, por la que se reclama la retirada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se encontrarían “desdoblados”.

Además, interpretando documentos aprehendidos al miembro de ETA Dorronsoro Malaxetxebarria en una operación en París el año 1993, concluía que “los abogados habrían servido de correo entre ETA y los presos políticos”. Es de recordar que la actividad de los abogados no está bajo enjuiciamiento, habiéndose dedicado a esta cuestión gran parte de las sesiones sin que la jueza interrumpa la declaración, como ha hecho en anteriores casos.

13/05/08
Sesiones 9 y 10
Periciales policiales

El policía 19.242, miembro de la UCI, conduce la prueba pericial presentada por el Ministerio fiscal. Tras confesar abiertamente que los conocimientos que le habilitan como perito –y por lo tanto experto científico e imparcial- se reducen a su “participación durante 25 años en la lucha antiterrorista” y haber sido activo en la investigación del presente sumario, así como en el 18/98, comenzó su relato. En él, conducido por las preguntas del fiscal, reconoció que durante la instrucción del sumario contra el movimiento pro-amnistía fueron registradas las sedes de abogados en Hernani e incautados documentos sobre sus clientes, “clonados” por la policía en sus ordenadores y posteriormente aportados a la causa.

Refiriéndose a los orígenes de Gestoras se remontó a la década de los 70 subrayando que en esos últimos años del franquismo «existían muchas organizaciones sociales y políticas ilegalizadas y el número de personas encarceladas por delitos de opinión o por delitos violentos por motivaciones políticas era muy alto».

Señaló que en Euskal Herria se articuló un movimiento social amplio a través de comisiones que revindicaban la amnistía y la excarcelación de presos. Tras la amnistía de 1977 “ETA-militar entendió que era una «falsa» amnistía, ya que el nuevo sistema jurídico adolecía de un déficit democrático al no reconocer la territorialidad y la autodeterminación” por lo que continuó practicando la lucha armada para conseguir que se reconocieran sus peticiones por parte del Estado español. En ese contexto, el perito dijo “que las cárceles se volvieron a llenar de presos rápidamente” por lo que volvió a resurgir el movimiento pro-amnistía, pero sostuvo que a partir de ahí “sólo estaba compuesto por personas vinculadas a la izquierda abertzale y que reclamaban la amnistía de los presos de ETA”.

Ante este interés de ETA por la actividad de ese movimiento, en sus posteriores explicaciones el perito intentó explicar como, por mediación de KAS y después Ekin, Gestoras Pro Amnistía era controladas por ETA.

12/05/08
Sesión 8
Terminan de declarar los 13 testigos presentados por los acusados en Gestoras-Askatasuna

En esta sesión participaron nuevamente seis testigos que trasmitieron su testimonio de violencia estatal ante el tribunal presidido por Teresa Palacios. La primera de ellas, Carmen Mañas, relató la detención de sus hijos y la situación de “indefensión” en la que se encontró su familia en ese momento, por lo que dijo haber entrado en contacto con Gestoras Pro Amnistía para “saber que hacer y como enfrentarse a dicha situación”. Debido a la represión contra los jóvenes, y para denunciar los “montajes policiales” que se realizaban contra ellos, padres y madres se organizaron en torno a la asociación Gurasoak. Mañas declaró que el 13 de marzo de 2004 un Policía español mató a su marido Angel Berrueta por identificarlo con esa asociación, hecho que consideró un asesinato «político» y «terrorismo de estado».

Andoni Txasko relató los hechos del 3 de marzo del 76, cuando la Policía Armada mató a 5 obreros que realizaban una asamblea en una iglesia de Gasteiz, siendo el mismo herido. Dijo conocer a Gestoras, por participar ésta en la plataforma que pide todavía hoy reconocimiento y reparación para las víctimas de aquellos hechos.

Kontxi Luna, pareja de Jose Mari Sagardui «Gatza» que próximamente cumplirá 28 años en prisión consideró de “venganza” la política que se lleva contra su marido y contra los familiares de los presos políticos. Se preguntó que si desaparece el movimiento pro amnistía, quien les ayudará a “poner voz a las vulneraciones de derechos que sufren los presos”. Dijo sentir “miedo” ante un escenario así. Esta situación de vulneración en las cárceles vino corroborada por Itsaso Idoiaga, médica que trabaja asistiendo a presos enfermos.

En similares términos se expresó Mattin Troitiño, hijo y hermano de presos políticos. La presidente del tribunal cortó su alegato, espetándole que no cuente “películas”.

07/5/08
Sesión nº7
Declaran los testigos presentados por los acusados

Los procesados, que habían renunciado a la defensa jurídica, y con ello a la gran mayoría de sus testigos, sí pidieron a sus abogados que declararan 14 testigos que pudieran mostrar ante el tribunal la dimensión de la represión del estado y las funciones que tenían ante esos casos los organismos enjuiciados. Los primeros 7 testigos propuestos relataron su vivencia en casos de tortura, condiciones penitenciarias inhumanas o asesinatos por parte del terrorismo de estado o por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así, el director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, denunció que fue torturado por la Guardia Civil, al igual que Unai Romano. Edurne Brouard y Arantza Lasa relataron la muerte de sus familiares a manos del GAL, así comos Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal que resultó muerto tras ser tiroteado por la Ertzaintza en Bilbo; María José Campos relató las condiciones de vida en que se encuentra su marido, enfermo incurable hoy en día en prisión al igual que Usoa Esteban Nieto, esta vez en el caso de su hermano Esteban Esteban Nieto, cuya enfermedad contraída en prisión le llevó a la muerte.

La magistrada Teresa Palacios intentó evitar estos testimonios, interrumpiendo a los testigos y pidiéndoles que se ciñan a su relación con el movimiento pro-amnistía. En ese sentido, los testigos relataron que este movimiento les ofreció el apoyo y solidaridad, en esos momentos de «desamparo, confusión e impotencia», en palabras de Goreti Ormazabal. La hija de Santi Bouard, lider de Batasuna asesinado por el GAL, remarcó que «existe todo un movimiento de solidaridad que denuncia y que respalda a los que han sufrido la violencia de cerca».

06/05/08
Sestión nº6
La Ertzaintza evidencia sabotajes contra el poder judicial

Agentes de la policía autonómica vasca continuaron presentando por videoconferencia sus atestados en referencia a diferentes sabotajes contra juzgados de paz en su ámbito de actuación, la Comunidad Autónoma vasca.

Con esta testifical, el fiscal pretende extender la responsabilidad moral de estos sabotajes de forma genérica a los procesados, quienes han denunciado públicamente la acción de la justicia española en referencia al conflicto vasco. Durante la práctica de esta prueba sólo se hizo una mención individual, para el procesado Aratz Estonba, relatándose que fue detenido tras una manifestación en solidaridad con los presos por un delito de atentado. Estonba, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.

30/04/08
Sesión nº5
Comparecen miembros de la Ertzaintza

Tras el turno de la Guardia Civil, agentes de la Policía Autonómica vasca testificaron en la vista por medio de un sistema de video conferencia. Así, trece agentes se limitaron a dar a conocer los atestados recogidos tras los ataques con artefactos caseros sufridos por juzgados de paz de localidades como Ordizia, Oiartzun, Eibar, Villabona, Portugalete, Bergara, Zornotza, Leioa, Ondarroa y Durango.

Declarando al trasluz para evitar ser reconocidos, y con una calidad técnica lamentable, los agentes mostraban informes de atestados y reportajes fotográficos con los daños materiales ocasionados en los juzgados. También mostraron datos que se referían a pintadas o pancartas aparecidas en las inmediaciones del lugar de los hechos y sobre la repercusión que tuvo en prensa las reivindicaciones de sus autores sobre la razón de los ataques. Todas ellas se referirían a la situación de los presos políticos, a situaciones represivas concretas o al papel represor que se atribuye al poder judicial.

De esta manera, se supone que las acusaciones pretendían demostrar la vinculación de los procesados en estos ataques, si bien no de forma directa, al haber señalado o criticado a quienes después sufrieran estos ataques.

29/04/08
Sesión nº4
Comparecen Guardias Civiles

Cuatro agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias abiertas tras las detenciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio, declararon en calidad de testigos protegidos de la acusación en una sesión brevísima. Así, sostuvieron que los detenidos habían declarado que Maite Diaz de Heredia era responsable en Araba de Gestoras pro Amnistía y Xabin Juaristi responsable de Gipuzkoa en Askatasuna –hechos que ellos mismos reconocieron en la primera sesión del juicio-. Los guardia civiles aseguraron que los detenidos, en sus declaraciones en comisaría, les «comentaron» la forma de financiación y la estructura interna de los organismos antirrepresivos. Así, hablaron que estos organismos se financiaban por medio de “rifas, txoznas –casetas móviles que se preparan en fiestas- sorteos y huchas que colocaban en bares”. En cuanto a la estructura, hablaron de la existencia de nivel “nacional, provincial, comarcal y local”.

El Ministerio Fiscal y el abogado de la AVT trataron de desmontar las denuncias de tortura realizadas la jornada anterior por los tres represaliados vascos que declararon como testigos, a proposición de la acusación. Los tres guardias civiles, en el mismo sentido que su compañero la víspera, dijeron que las declaraciones de los detenidos se realizaron con presencia de un abogado de oficio y se les instruyeron de sus derechos. Ninguno había tenido ningún problema procesal en torno a estos hechos. Uno de ellos, aseguró que “no en este caso”.

Los abogados de la defensa no participaron en el interrogatorio, tal y como ha sido solicitado por los acusados.

28/04/08
Sesión nº3
Declaraciones de testigos de la acusación

La decisión de los procesados de renunciar a la defensa jurídica, tras la primera sesión, ha trastocado el calendario que la Sala había diseñado reduciendo el número y la duración de las sesiones.

En el turno de los testigos de la acusación, estos llamaron a tres ciudadanos vascos que pretendidamente darían luz sobre algunas de las acusaciones que se presentan contra los miembros del Movimiento pro Amnistía. Si bien con las declaraciones de Susana Atxaerandio y de Ibon Aranalde solamente se pretendía presentar la filiación a Gestoras-Askatasuna en el caso de Maite Díaz de Heredia y Xabin Juarista –hecho que ellos mismos han reconocido ya públicamente- la declaración de Jorge Olaiz sí que era más relevante, ya que declaró tras su detención que el responsable de Gestoras Josu Beaumont le había hecho llegar una carta para ponerle en contacto con ETA. Olaiz relató que tras su detención en diciembre de 2001, dos meses después de la detención de 14 miembros de Gestoras, la Guardia Civil le había obligado por medio de torturas a realizar dicha declaración contra Josu Beaumont. Una vez ante el juez, Olaiz negó este hecho, denunciando el trato sufrido. Ahora en calidad de testigo, ratificó que esas declaraciones habían sido «no fueron voluntarias sino preparadas en comisaría».

El fiscal, Carlos Bautista, y el abogado de la AVT trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en su toma de declaración.

Los tres testigos denunciaron que en los interrogatorios se les practicó la tortura. Atxaerandio refirió «golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones», Aranalde dijo que cuando declaró estaba «anulado sicológicamente» y en referencia a la investigación de estos hechos, Olaiz dijo que “interpuso denuncia por torturas, pero nadie le preguntó más sobre estos hechos”.

La sesión concluyó con la declaración del guardia civil que tomó declaración a Olaiz para asegurar que sus manifestaciones habían sido “preparadas de forma espontánea”. Ante dicho lapsus, la presidenta de la Sala le conminó a corregirse, tras lo cual, dándose cuenta del error, aseguró que las declaraciones de Jorge Olaiz en comisaría habían sido “voluntarias” y que nunca habían tenido “problemas procesales en torno a estos hechos”.

21/01/08
Sesiones nº1 y 2
Los procesados renuncian el ejercicio de la defensa jurídica

El día 21 de abril se celebró la primera sesión en el juicio seguido contra miembros de Gestoras Pro Amnistía – Askatasuna ante la Audiencia Nacional española por presunta pertenencia a organización armada. Uno tras otro, los 27 activistas del movimiento de denuncia de la represión de estado y de solidaridad con las víctimas de esta violencia, relataron los motivos de su actividad, así como los ámbitos en los que esta se desarrollaba: desde la participación en ruedas de prensa y movilizaciones pacíficas, hasta las dinámicas de recogida de fondos para hacer frente a los gastos que genera la política de dispersión a presos y familiares, pasando por la interpelación y cooperación con otros agentes políticos o sociales, o la asistencia jurídica a ciudadanos y ciudadanas vascas. Así, detallaron las dinámicas en las que participaron para denunciar la dispersión de los presos políticos y la repercusión en sus familias, las pésimas condiciones de vida en las cárceles, la tortura, el estado de alta militarización de Euskal Herria, la guerra sucia, la violencia policial etcétera.

Además, los procesados expusieron sus razones para participar en ese movimiento: el impacto de la represión en primera persona o en persona de sus familiares, o la concienciación por hechos represivos de gravedad excepcional.

Tras ello, uno por uno consideraron que “la sentencia está redactada”, que “el juicio es la mera escenificación de una condena previamente decidida”, o que simplemente es “una farsa” en boca de algunos. Por ello, y ante la experiencia en juicios anteriores, constatando la falta de garantías procesales para llevar a cabo un proceso en términos jurídicos, los procesados renunciaron al ejercicio de la defensa jurídica. En un texto, firmado por todos los imputados y trasmitido a la opinión pública explicaban que no están dispuestos a plantear “defensa de los derechos civiles y políticos que nos asisten, porque precisamente esos derechos no pueden ser negociables ni fiscalizables. No reconocemos a dicho tribunal de excepción ninguna legitimidad para ello”.

Sus defensas explicaron al tribunal que rechazarían asimismo la comparecencia de 250 de los testigos propuestos, manteniendo una docena, todos ellos víctimas directas o familiares de víctimas de la violencia del estado.

Tras las declaraciones, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal, considerando que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas».