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Cuando llegué a la Audiencia Nacional, el día 18 de abril de este año, todo daba la apariencia de que allí se estaba celebrando un juicio. Una sala preparada, todos los letrados con toga, torres de papeles precintados en el centro de la escena, computadoras desarmadas, imputados, guardias de seguridad, jueces tiesos y un fiscal que iba a dar comienzo a su informe final.

Sin embargo, a medida que fui escuchando ese informe, empecé a entender que no se trataba de un proceso judicial, tal como me lo había imaginado desde estas latitudes, sino que estaba en presencia de un proceso enteramente diferente.

Me hallaba frente un Estado, el Estado español (como aprendí a nombrado a partir de mis visitas a Cataluña, al País Vasco y a Galicia), que representado por su Fiscal, intentaba hacer entrar en un corsé jurídico, un conflicto social. Y no solo eso, sino que valiéndose de distintos mecanismos para-jurídicos, pretendía “resolver ese conflicto” solicitando al Tribunal se sentenciara imponiendo una verdad, que se anunciaba como la única versión válida y aceptable de la historia, de la política, de las relaciones entre los hombres.

A partir de ese momento empecé a entender el alcance de la utilización de la figura del terrorismo, como forma de someter la disidencia política, convirtiendo en delito todo lo que toca y en delincuentes a sus actores.

El idioma utilizado, fue el castellano

Y esto puede parecer una obviedad, si estamos hablando de un juicio en Madrid, pero aparece como un dato significativo, ya que todos los imputados hablaban otro idioma madre, que no es justamente el castellano y lo que estaba siendo juzgado, las conductas y las prácticas que estaban puestas en el banquillo de los acusados, se expresaban mayormente en ese otro idioma.

Sin embargo, la imposición del lenguaje, no se redujo a la distancia provocada por el hecho de que la autoridad instituida utilizara un idioma diferente del que comprendían los imputados, (aunque no se trate de una distancia menor, pensemos en la analogía de los procesos judiciales a los pueblo aborígenes en América latina) sino que además y en muchos tramos del informe fiscal, se evidenció el violento intento de un Estado, de penetrar en el sentido y los usos del lenguaje.

Presencié un verdadero juicio a las palabras.

“Dar caña”, “luchar”, “condenar”, “persecución social”, fueron los términos de los que se valió el fiscal para acreditar que, en boca de los imputados, esas palabras, daban por probado la participación de los jóvenes vascos a la organización ETA.

Se intentaba darle explicación madrileña a frases, consignas, o cantos, que habían sido extraídas de pegatinas o de escuchas telefónicas (es decir del lenguaje político y coloquial entre jóvenes de otra cultura), sin siquiera tener presente la distancia simbólica que implica haber sido dichas en otro idioma y en otro muy particular contexto. Como si no fueran jóvenes los que las usaran, como si no hubieran sido dichas en la calle, haciendo política, como si ellos no pertenecieran a una generación, a otro pueblo, generadores y partícipes de determinadas prácticas políticas, de códigos propios de comunicación entre los que son parte del grupo y frente a los que se dirige el discurso.

Y para hacer ello, no debía echarse mano a ninguna explicación diabólica.

Simplemente, hacerse cargo de que el derecho no es capaz de abordar el lenguaje, como una forma de comunicación compleja, y que para conocer o extraer conclusiones de su uso, es preciso el auxilio de aquellas otras disciplinas que lo asumen como su objeto de estudio.

Solo de un análisis completo, puede extraerse sentido.

De lo contrario, el analista se convierte en un descuartizador que no quiere ver, y que solo encuentra aquello que quiere encontrar, desde su propia lógica, lo que no es más que decir, que necesita confirmar lo que ya creía saber, sirviéndose de una pseudo- semántica como la mejor excusa para probarlo.

Y el avasallamiento se extendió a otros campos de las ciencias sociales

Y digo avasallamiento, porque quien fuerza el sentido de las cosas, las intenta doblegar.

En ese informe que pronunció el fiscal, no solo apareció el Estado intentando modificar las formas del lenguaje, sino intentando penetrar en los modos de relación entre los individuos, determinando y sentenciando acerca de los “modos correctos” y los que no lo eran, convirtiendo a los primeros en delito.

El Fiscal mencionó en varias oportunidades que los testigos (muchos de los cuales pertenecieron a ETA) saludaron y dieron muestra de afecto a los imputados y que ello era “evidencia” de la correspondencia que existió y existe entre ambas organizaciones.

El saludo, la expresión de afecto, aparecieron como conductas cuestionadas, usándose como prueba de la imputación.

Y si sumamos esto a lo anteriormente dicho respecto del lenguaje, podemos concluir que en ese informe final, todo lo que daba cuenta o expresara la identidad nacional, aparecía como la prueba de estar frente a “algo” peligroso.

Todo aquello que no se amoldaba a determinados valores, estilos de vida, concepciones del mundo o creencias, fue condenado por el Estado.

Y ello no es casual.

Porque en la Audiencia Nacional se estaba hablando de terrorismo.

Y hablar de terrorismo implica decir que existe “el mal” y los poderes del bien ( el Estado) deben enfrentarse con todas sus armas y recursos para doblegarlo.

Pero en definitiva, no se dice nada.

La figura del terrorismo, tiene la plasticidad, la ductilidad, que le permite al juzgador de turno adaptar la figura a las circunstancias del momento. Una suerte de significante vacío, un comodín. Terrorista será entonces lo que el Estado diga qué es el terrorismo en ese momento

La palabra, el gesto, la mirada, la compostura, el saludo, el uso del lenguaje, la vestimenta, el vínculo con el otro, todo era terrorismo. Todo, menos hechos concretos.

Pues, a contrario de lo que el estado de derecho exige, la imputación por colaboración o participación en banda terrorista, no se refirió en ningún momento a hechos y conductas concretas.

Y claro, en ese contexto, no iba a ser posible escuchar un Informe que contuviera una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho o de los hechos que se imputaban a cada uno de los procesados.

Porque terrorismo es, jurídicamente hablando, una figura penal abierta, lo que no es más que decir que nunca sabremos de qué se trata.

El fiscal lo que hizo fue nombrar al pasar verbos y hechos, imputables al azar a todos y a ninguno de los imputados, sin que de ello surja ningún delito en particular, pero del conjunto de relatos se extrajera una suerte de imaginario, que asimile a esos jóvenes con guerreros del mal.

Y si ellos son el mal, el Estado debe erigirse en el salvador, contra su enemigo.

La enemistad concebida en estos términos genera pánico (una mezcla de miedo individual y terror social) que habilita y legitima la intervención del estado en todos los aspectos de la vida

Se entiende entonces, esa obsesiva intromisión de la que hablaba en párrafos anteriores.

Pero justamente, lo que se encontraba en frente, no era un monstruo, sino una organización política. Y las conductas que de refilón se dejaban ver, esas, de las que se decía al pasar que eran terrorismo, eran ni más ni menos que formas de acción absolutamente lejanas al tipo de hechos que puedan capturarse desde el sistema penal.

Se trataba de acciones donde primó el motivo de conciencia, la deliberada decisión política, la proclama pública y altruista de un conjunto de individuos que en tiempos de individualismo y desarticulación, de neoliberalismo y cultura homogénea, apostaron a la organización y la reivindicación de derechos sociales.

Muchas de las voces que ese expediente captura, dan cuenta de la existencia de un profundo conflicto social. De un pueblo que se reconoce a sí mismo como tal, que se piensa como independiente y socialista.

Negar ese fenómeno o darle connotaciones negativas al punto de buscar criminalizarlas, significa, en cierta medida, perder la oportunidad de conocer esa realidad, acercarse a sus actores, escuchar sus voces, y construir junto a ellos, el camino para resolver ese conflicto.