Pieza Principal Sumario 18/98

::Sentencia::

Cientos de años por actividades mercantiles, sociales, políticas, culturales

La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98, comunicada el 19 de diciembre del 2007. En virtud de ella han sido declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles, los medios de comunicación Egin y Egin Irratia, y la organización política Ekin, la asociación Europea Xaki para la solidaridad internacional y la Fundación de fomento del movimiento asociativo vasco Joxemi Zumalabe. Además, se condena a 47 personas, por su condición de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones, a penas que suman en total 525 años de prisión, como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda armada ETA.

La sentencia, además de presentar párrafos enteros de informes policiales, está plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones retorcidas e interesadas para justificar la conclusión de que, como Garzón afirmó en la instrucción, “todo es ETA”: «ni KAS, ni Ekin, ni Xaki, constituyen una organización armada; éstas carecen de armas, pues su utilización no constituía su cometido, sino el del brazo armado de ETA, pero dichas estructuras participan de lleno en la unidad organizativa y estructural de la organización terrorista ETA». Asímismo, sobre los procesados en relación a las empresas del grupo Orain, editoras de Egin y Egin Irratia han caído las penas más altas, el tribunal intenta justificar su decisión ligando las actividades dirigidas a editar un periódico, y las destinadas a eludir la asfixia económica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta dependencia de ETA. Y la ponente de la sentencia, Ángela Murillo afirma para ello que ni siquiera le hacían falta pruebas para sustentar esa acusación: “basta con saber leer”.

Como observadores internacionales ya han hecho público, esta sentencia “significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático”. Así, para ellos la sentencia “se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de otras, de un sector importante de la sociedad vasca”.


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