RESOLUCIÓN
SOBRE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO
VASCO
Teniendo
en consideración que el Territorio Vasco
es una área geográfica, históricamente
definida por su lengua única, el Euskera,
que está conformado por cuatro provincias
al norte de España y tres al sur de Francia
con aproximadamente 3,5 millones de habitantes
en un territorio del tamaño de Nueva Jersey;
y
Teniendo
en consideración que la adopción
de la Constitución Española de 1978
fue rechazada por una mayoría abrumadora
del pueblo vasco debido a su fracaso en reconocer
el derecho de autodeterminación, y que
hay ahora cerca de 700 presos políticos
vascos en cárceles españolas por
expresarse a favor de una Euskal Herria independiente;
y
Teniendo
en consideración que existe una evidencia
razonada sobre el uso de la tortura por las autoridades
españolas tal y como se desprende del “Informe
al Gobierno español del Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura y Tratos
o Castigos Inhumanos o Degradantes” y del
“informe E/CN.4/2002/76/Add.1 del Relator
Especial de Naciones Unidas para la cuestión
de la tortura”; y
Teniendo
en consideración que la organización
Torturaren Aurkako Taldea TAT, ha documentado
que el 90% de los presos políticos vascos
están condenados en base a información
obtenida por la aplicación de la tortura;
y
Teniendo
en consideración que la práctica
aplicada por el Gobierno español de la
detención bajo incomunicación por
un período de cinco días ha sido
condenada por organizaciones tales como Amnistía
Internacional y el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas por crear las condiciones que
permiten el uso de la tortura al privar a los
detenidos el derecho al acceso a un abogado y
un médico de su confianza; y
Teniendo
en consideración la política del
Gobierno español de mantener la prisión
preventiva por un período de hasta cuatro
años sin juicio, a menudo en condiciones
de aislamiento, es contraria al derecho de la
persona acusada a un juicio sin dilaciones; y
Teniendo
en consideración que el Gobierno español
ha cerrado forzosamente los periódicos
Egin, Egunkaria así como la emisora de
radio Egin Irratia , y arrestado a su personal
de redacción y editorial, sin que se haya
celebrado el juicio en cinco años en uno
de los casos por los cargos delictivos que pesan
sobre ellos; y
Teniendo
en consideración que España ha ilegalizado
el partido político Batasuna e impedido
a su dirección de la participación
en otros grupos políticos, de nuevo sin
un juicio sobre los cargos delictivos en un plazo
razonable; y
Teniendo
en consideración que el Gobierno español
justifica estas medidas de necesarias en el combate
contra el terrorismo.
EN
CONCLUSIÓN, RESOLVEMOS QUE:
El
National Lawyers Guild hace un llamamiento a los
Estados Unidos para que demande al gobierno de
España el respeto para los derechos de
los ciudadanos vascos, tal y como es garantizado
por la declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, lo cual incluye
el derecho a no ser sujeto a torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, o a detenciones
arbitrarias; y a respetar la presunción
de inocencia y el derecho a un juicio público
en un plazo razonable de tiempo; y
El
National Lawyers Guild hace un llamamiento a los
Estados Unidos para que demande al Gobierno de
España el respeto para los derechos del
pueblo vasco a la libertad de opinión y
de expresión, incluido el derecho a impartir
información e ideas a través de
la prensa, el derecho a la asamblea pacífica
y el derecho a tomar parte en el gobierno a través
de sus representantes electos; y
El
National Lawyers Guild reconoce que mientras las
autoridades judiciales justifiquen las severas
medidas de seguridad para eliminar el terrorismo,
no se dan cuenta de que aquellos que abogan por
el sacrificio de los derechos fundamentales en
nombre de la seguridad, ni consolidan la seguridad
ni la justicia; y
El
National Lawyers Guild hace un llamamiento al
Departamento de Estado de los Estados Unidos,
para que incluya en su próximo informe
anual referente a España una reclamación
al Gobierno español para que cese sus abusos
contra el pueblo vasco.
Adoptado
el 25 de Octubre de 2003 por el National Lawyers
Guild
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