Comisión Internacional de Juristas contra la Criminalización de Ideas en Euskal Herria

Los abajo firmantes, juristas que desde diversos ámbitos geográficos y de intervención trabajamos en defensa de los derechos fundamentales de las personas y en defensa de las garantías procesales que deben regir cualquier proceso judicial, teniendo conocimiento de los macroprocesos judiciales abiertos en el Estado español contra ciudadanos y organizaciones sociales y políticas vasca así como de las legislaciones restrictivas de derechos y libertades promovidas, nos constituimos en Comisión Internacional con el objetivo de monitorizar los proceso abiertos así como denunciar las posibles irregularidades y violaciones de derechos fundamentales que en los mismos se hayan dado y/o se puedan dar en el futuro.

Los procesos conocidos como 18/98 y posteriores, dadas sus características, los sujetos implicados, derechos, libertades y garantías procesales afectadas, e implicaciones politico-sociales de los mismos, han creado y siguen creando entre nosotros los firmantes gran alarma jurídica.

Nos encontramos ante macroprocesos de graves consecuencias, dado el número de personas afectadas –más de doscientas cincuenta- por el conjunto de organizaciones, colectivos o empresas ilegalizadas, clausuradas o suspendidas en sus actividades o en trance de serlo; por el volumen de los sumarios, con centenares de tomos, miles y miles de folios; por la gravedad de las primeras penas solicitadas y las que se prevén solicitar, etc

Son procesos en los que se atisban contenidos políticos. Nos preocupa seriamente que podamos estar ante lo que puedan ser procesos penales mediante los cuales el sistema político, el estado, trate de castigar a quienes considere enemigos del orden constitucional vigente. Consideramos que podemos estar ante procesos penales ad hoc, gestados ex profeso con motivos estrictamente de oportunidad política.

Son procesos ante los que debemos velar por el estricto respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales. En este sentido de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento surgen indicios de vulneración de derechos, como el derecho de asociación, libertad de expresión y opinión, manifestación, derecho al juez natural, principio de legalidad, derecho a la libertad, libre designación de abogado, inviolabilidad del domicilio, derecho de defensa, igualdad de armas etc. Indicios que es necesario analizar en más profundidad.

La legislación surgida al albor de dichos procesos, como la nueva ley de partidos políticos, y sus efectos suponen a priori restricciones y limitaciones de derechos fundamentales que es necesario estudiar con detenimiento y en su caso denunciarlos con total severidad.

Todo ello nos lleva a considerar la necesidad de articular mecanismos de seguimiento, y denuncia en su caso, de las conculcaciones dadas y que en el ámbito y marco de estos procesos y legislación se puedan dar en el futuro, por lo que nos constituimos en Comisión con el objetivo de velar por el respeto de dichos derechos y libertades fundamentales.


Así mismo hacemos un llamamiento expreso a todos aquellos juristas y defensores de derechos humanos para que procedan a sumarse a la presente iniciativa suscribiendo la presente declaración.

En Euskal Herria a 15 de febrero de 2005