Sumario 33/01 contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna

::Identificación::

Sumario 33/01.
Gestoras Pro Amnistía

El 31/10/01 se pone en marcha la operación policial contra las Gestoras Pro Amnistía14 por el juez de instrucción Baltasar Garzón, que se saldó con la detención de 13 personas portavoces y coordinadores públicos de este organismo. El magistrado considera acreditado que “todos ellos, desarrollan las labores propias de su integración en Gestoras con conocimiento y conciencia de la integración de la estructura en ETA-KAS-Ekin, actuando todos y cada uno al servicio la organización terrorista”. Argumenta además que ETA es “un conjunto de estructuras que dan cohesión, sentido y finalidad a una actuación delictiva amplia, integral y multiforme de aquella”, cuya finalidad sería “subvertir el orden constitucional, procurando la desmembración o ''autodeterminación'' de una parte del territorio español y la alteración grave de la paz pública”. Para justificar este razonamiento, se hace en dicho auto un resumen de actividades tales como “ejercer el control del colectivo de presos de ETA, enlazando y comunicando a sus integrantes y sus responsables a través de algunos abogados de su bufete. Garantizar la cohesión interna y la sumisión a la disciplina orgánica de este colectivo a la organización. Cooperar y financiar en el sostenimiento de los presos y los miembros de ETA huidos y residentes en terceros países. Coordinar e impulsar las formas de lucha complementarias a las de ETA en apoyo a las movilizaciones del colectivo de presos. Aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneración de los derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la estructura operativa de ésta”. La verdad es que entre las actividades que el Juzgado imputa a Gestoras Pro-Amnistía algunas son ciertas, mientras que otras son simplemente inexistentes, resultando que éstas últimas son en la mayor parte de las veces evidentemente delictivas, mientras que las primeras no lo son.

Siguiendo con su línea argumental, el juez Garzón, por auto del 15/11/01, declara imputadas en esa misma causa a otras quince personas. El 03/12/01 es detenido en Baiona el coordinador nacional de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano. Será posteriormente extraditado al Estado español.

El 19/12/01, Baltasar Garzón dicta un auto recuperando los argumentos del anterior y ratificándose en ellos, por lo que ilegaliza al conjunto del organismo Gestoras Pro Amnistía, considerando ilícitas desde el punto de vista penal sus actividades. En esta misma causa, dicta un nuevo auto, de fecha 05/02/02, en virtud del cual la actividad de la asociación Askatasuna15 también sería ilegal, en la medida en que continúa con la labor emprendida por las Gestoras Pro Amnistía y por suponer esta identificación entre ambas una verdadera “sucesión de organizaciones”. El 05/02/03 se da un nuevo operativo policial en contra de cinco personas relacionadas con esta asociación, se registran sus domicilios así como las sedes de la asociación de familiares Etxerat en las localidades de Bilbo, Hernani y Gasteiz. El 06/02/03 el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dicta resolución ordenando la acumulación de todas las diligencias previas a este Sumario 33/01.

Sumario 33/01.
Ataque judicial contra abogados vascos

Con el sumario 33/01 -Gestoras Pro Amnistía- se desata desde medios de comunicación y responsables políticos una campaña contra la actividad de letrados y letradas que trabajan en casos calificables como “políticos”, con el argumento de que dichos letrados pertenecen al frente de “macos” –cárceles– de la organización armada.

En la madrugada del 30 al 31 de octubre, en el marco de la operación contra Gestoras Pro Amnistía, se procede a la entrada y registro de varios locales y oficinas que el juez Baltasar Garzón suponía que eran utilizados por Gestoras Pro Amnistía. Se da la circunstancia de que dos de los locales en los que se procedió a la entrada y registro son despachos de abogados, como tales registrados en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y en el Colegio de Abogados de Pamplona.

Es de destacar que el propio Juez Baltasar Garzón, que se encontraba dirigiendo el operativo en Bilbo, fue personalmente advertido de esta circunstancia –de que se estaban practicando registros en despachos profesionales de letrados- por la abogada Arantxa Zulueta. Por lo tanto, desde primeras horas de la mañana ya tenía conocimiento de que se estaban registrando despachos de abogados. En el caso de Hernani, el juez consideraba que estaba registrando la sede correspondiente a Gestoras Pro Amnistía, cuando ésta se sitúa dos pisos más arriba del despacho de abogados que intervenía ilegalmente. Sin embargo el juez hizo caso omiso de las advertencias de la letrada y la operación continuó, quedando precintados ambos despachos y requisados y precintados los ordenadores y demás documentación intervenida en los registros.

El magistrado ordenará posteriormente el desprecinto de ambos despachos y la devolución del material incautado, no sin antes duplicar –y guardar para sí- todo el contenido de los ordenadores y material informático así como copiar los documentos que, en otros soportes, se intervinieron durante los registros de los despachos. Esto es una flagrante violación de los derechos de los abogados al secreto profesional. Varios abogados quedarán asimismo sujetos a este procedimiento, en diferentes sumarios y piezas.