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Los procesados, que habían renunciado a la defensa jurídica, y con ello a la gran mayoría de sus testigos, sí pidieron a sus abogados que declararan 14 testigos que pudieran mostrar ante el tribunal la dimensión de la represión del estado y las funciones que tenían ante esos casos los organismos enjuiciados. Los primeros 7 testigos propuestos relataron su vivencia en casos de tortura, condiciones penitenciarias inhumanas o asesinatos por parte del terrorismo de estado o por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así, el director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, denunció que fue torturado por la Guardia Civil, al igual que Unai Romano. Edurne Brouard y Arantza Lasa relataron la muerte de sus familiares a manos del GAL, así comos Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal que resultó muerto tras ser tiroteado por la Ertzaintza en Bilbo; María José Campos relató las condiciones de vida en que se encuentra su marido, enfermo incurable hoy en día en prisión al igual que Usoa Esteban Nieto, esta vez en el caso de su hermano Esteban Esteban Nieto, cuya enfermedad contraída en prisión le llevó a la muerte.

La magistrada Teresa Palacios intentó evitar estos testimonios, interrumpiendo a los testigos y pidiéndoles que se ciñan a su relación con el movimiento pro-amnistía. En ese sentido, los testigos relataron que este movimiento les ofreció el apoyo y solidaridad, en esos momentos de «desamparo, confusión e impotencia», en palabras de Goreti Ormazabal. La hija de Santi Bouard, lider de Batasuna asesinado por el GAL, remarcó que «existe todo un movimiento de solidaridad que denuncia y que respalda a los que han sufrido la violencia de cerca».

06/05/08
Sestión nº6
La Ertzaintza evidencia sabotajes contra el poder judicial

Agentes de la policía autonómica vasca continuaron presentando por videoconferencia sus atestados en referencia a diferentes sabotajes contra juzgados de paz en su ámbito de actuación, la Comunidad Autónoma vasca.

Con esta testifical, el fiscal pretende extender la responsabilidad moral de estos sabotajes de forma genérica a los procesados, quienes han denunciado públicamente la acción de la justicia española en referencia al conflicto vasco. Durante la práctica de esta prueba sólo se hizo una mención individual, para el procesado Aratz Estonba, relatándose que fue detenido tras una manifestación en solidaridad con los presos por un delito de atentado. Estonba, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.

30/04/08
Sesión nº5
Comparecen miembros de la Ertzaintza

Tras el turno de la Guardia Civil, agentes de la Policía Autonómica vasca testificaron en la vista por medio de un sistema de video conferencia. Así, trece agentes se limitaron a dar a conocer los atestados recogidos tras los ataques con artefactos caseros sufridos por juzgados de paz de localidades como Ordizia, Oiartzun, Eibar, Villabona, Portugalete, Bergara, Zornotza, Leioa, Ondarroa y Durango.

Declarando al trasluz para evitar ser reconocidos, y con una calidad técnica lamentable, los agentes mostraban informes de atestados y reportajes fotográficos con los daños materiales ocasionados en los juzgados. También mostraron datos que se referían a pintadas o pancartas aparecidas en las inmediaciones del lugar de los hechos y sobre la repercusión que tuvo en prensa las reivindicaciones de sus autores sobre la razón de los ataques. Todas ellas se referirían a la situación de los presos políticos, a situaciones represivas concretas o al papel represor que se atribuye al poder judicial.

De esta manera, se supone que las acusaciones pretendían demostrar la vinculación de los procesados en estos ataques, si bien no de forma directa, al haber señalado o criticado a quienes después sufrieran estos ataques.

29/04/08
Sesión nº4
Comparecen Guardias Civiles

Cuatro agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias abiertas tras las detenciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio, declararon en calidad de testigos protegidos de la acusación en una sesión brevísima. Así, sostuvieron que los detenidos habían declarado que Maite Diaz de Heredia era responsable en Araba de Gestoras pro Amnistía y Xabin Juaristi responsable de Gipuzkoa en Askatasuna –hechos que ellos mismos reconocieron en la primera sesión del juicio-. Los guardia civiles aseguraron que los detenidos, en sus declaraciones en comisaría, les «comentaron» la forma de financiación y la estructura interna de los organismos antirrepresivos. Así, hablaron que estos organismos se financiaban por medio de “rifas, txoznas –casetas móviles que se preparan en fiestas- sorteos y huchas que colocaban en bares”. En cuanto a la estructura, hablaron de la existencia de nivel “nacional, provincial, comarcal y local”.

El Ministerio Fiscal y el abogado de la AVT trataron de desmontar las denuncias de tortura realizadas la jornada anterior por los tres represaliados vascos que declararon como testigos, a proposición de la acusación. Los tres guardias civiles, en el mismo sentido que su compañero la víspera, dijeron que las declaraciones de los detenidos se realizaron con presencia de un abogado de oficio y se les instruyeron de sus derechos. Ninguno había tenido ningún problema procesal en torno a estos hechos. Uno de ellos, aseguró que “no en este caso”.

Los abogados de la defensa no participaron en el interrogatorio, tal y como ha sido solicitado por los acusados.

28/04/08
Sesión nº3
Declaraciones de testigos de la acusación

La decisión de los procesados de renunciar a la defensa jurídica, tras la primera sesión, ha trastocado el calendario que la Sala había diseñado reduciendo el número y la duración de las sesiones.

En el turno de los testigos de la acusación, estos llamaron a tres ciudadanos vascos que pretendidamente darían luz sobre algunas de las acusaciones que se presentan contra los miembros del Movimiento pro Amnistía. Si bien con las declaraciones de Susana Atxaerandio y de Ibon Aranalde solamente se pretendía presentar la filiación a Gestoras-Askatasuna en el caso de Maite Díaz de Heredia y Xabin Juarista –hecho que ellos mismos han reconocido ya públicamente- la declaración de Jorge Olaiz sí que era más relevante, ya que declaró tras su detención que el responsable de Gestoras Josu Beaumont le había hecho llegar una carta para ponerle en contacto con ETA. Olaiz relató que tras su detención en diciembre de 2001, dos meses después de la detención de 14 miembros de Gestoras, la Guardia Civil le había obligado por medio de torturas a realizar dicha declaración contra Josu Beaumont. Una vez ante el juez, Olaiz negó este hecho, denunciando el trato sufrido. Ahora en calidad de testigo, ratificó que esas declaraciones habían sido «no fueron voluntarias sino preparadas en comisaría».

El fiscal, Carlos Bautista, y el abogado de la AVT trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en su toma de declaración.

Los tres testigos denunciaron que en los interrogatorios se les practicó la tortura. Atxaerandio refirió «golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones», Aranalde dijo que cuando declaró estaba «anulado sicológicamente» y en referencia a la investigación de estos hechos, Olaiz dijo que “interpuso denuncia por torturas, pero nadie le preguntó más sobre estos hechos”.

La sesión concluyó con la declaración del guardia civil que tomó declaración a Olaiz para asegurar que sus manifestaciones habían sido “preparadas de forma espontánea”. Ante dicho lapsus, la presidenta de la Sala le conminó a corregirse, tras lo cual, dándose cuenta del error, aseguró que las declaraciones de Jorge Olaiz en comisaría habían sido “voluntarias” y que nunca habían tenido “problemas procesales en torno a estos hechos”.

21/01/08
Sesiones nº1 y 2
Los procesados renuncian el ejercicio de la defensa jurídica

El día 21 de abril se celebró la primera sesión en el juicio seguido contra miembros de Gestoras Pro Amnistía – Askatasuna ante la Audiencia Nacional española por presunta pertenencia a organización armada. Uno tras otro, los 27 activistas del movimiento de denuncia de la represión de estado y de solidaridad con las víctimas de esta violencia, relataron los motivos de su actividad, así como los ámbitos en los que esta se desarrollaba: desde la participación en ruedas de prensa y movilizaciones pacíficas, hasta las dinámicas de recogida de fondos para hacer frente a los gastos que genera la política de dispersión a presos y familiares, pasando por la interpelación y cooperación con otros agentes políticos o sociales, o la asistencia jurídica a ciudadanos y ciudadanas vascas. Así, detallaron las dinámicas en las que participaron para denunciar la dispersión de los presos políticos y la repercusión en sus familias, las pésimas condiciones de vida en las cárceles, la tortura, el estado de alta militarización de Euskal Herria, la guerra sucia, la violencia policial etcétera.

Además, los procesados expusieron sus razones para participar en ese movimiento: el impacto de la represión en primera persona o en persona de sus familiares, o la concienciación por hechos represivos de gravedad excepcional.

Tras ello, uno por uno consideraron que “la sentencia está redactada”, que “el juicio es la mera escenificación de una condena previamente decidida”, o que simplemente es “una farsa” en boca de algunos. Por ello, y ante la experiencia en juicios anteriores, constatando la falta de garantías procesales para llevar a cabo un proceso en términos jurídicos, los procesados renunciaron al ejercicio de la defensa jurídica. En un texto, firmado por todos los imputados y trasmitido a la opinión pública explicaban que no están dispuestos a plantear “defensa de los derechos civiles y políticos que nos asisten, porque precisamente esos derechos no pueden ser negociables ni fiscalizables. No reconocemos a dicho tribunal de excepción ninguna legitimidad para ello”.

Sus defensas explicaron al tribunal que rechazarían asimismo la comparecencia de 250 de los testigos propuestos, manteniendo una docena, todos ellos víctimas directas o familiares de víctimas de la violencia del estado.

Tras las declaraciones, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal, considerando que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas».